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No ha habido piedad con Gary McKinnon, el hacker del Pentágono, para
evitar su extradición a Estados Unidos. “Los ordenadores militares no se tocan” parece ser el mensaje que el Reino Unido y la UE quieren dar a sus ciudadanos. McKinnon está acusado del “mayor ataque informático militar de todos los tiempos”.

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Informático detenido en el Reino Unido en el 2002 pero nunca acusado en este país, agotó todas las instancias judiciales británicas para impedir su extradición a EEUU. La acusación sostiene que McKinnon alteró y borró archivos de una instalación naval poco después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, lo que dejó los sistemas no operativos.

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Las enmiendas más preocupantes son las presentadas por la representación del Reino Unido que establecen medidas técnicas para evitar o detectar infracciones de propiedad intelectual, lo que “supondrá una absoluta desprotección de los datos personales y un ataque directo a la privacidad, ya que permite a las empresas controlar las comunicaciones electrónicas de los usuarios sin su consentimiento”.

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Los datos se utilizarán por el Ministerio del Interior en sus futuros planes para la creación de documentos inteligentes de identificación, y también a la hora de tratar de identificar a gente de la que se necesita obtener esa información, sobre todo en casos de desastres masivos. La moción tuvo objeciones por parte de los ministros quienes piensan que una base de datos biometrica puede ser perjudicial para el derecho a la privacidad de los ciudadanos.

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“Una cosa es ingresar a una base de datos y otra es ingresar para destruir. En este caso la pena también es de tres años. Incluso puede haber cárcel efectiva porque ahora ésta se aplica a partir de un año, según el Código Procesal Penal”, indicó Lamas Puccio.

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Fue promulgada de hecho la reforma al Código Penal que castiga con hasta un año de cárcel la violación de correos electrónicos. También se aplicarán multas de 1.500 a 100.000 pesos a quien los publique indebidamente. Los hackers pueden ser sancionados con hasta 6 meses de prisión. Y la pornografía en Internet tendrá una pena de entre un mes y cuatro años.

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La ley, que fue aprobada con un margen muy estrecho de votos por el Parlamento sueco el 18 de junio, se hará efectiva el 1 de enero de 2009 y permitirá al servicio de defensa nacional de telecomunicaciones monitorizar las comunicaciones electrónicas que se produzcan dentro de la frontera sueca.

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La ley se hará efectiva en enero y según el gobierno servirá para proteger el derecho de propiedad intelectual de los contenidos multimedia. “No hay ninguna razón por la que Internet deba ser una zona sin ley”, dijo el presidente Nicolas Sarkozy.

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En Suecia, el Partido Liberal propone permitir el intercambio de archivos para uso personal, no comercial, en tanto que el Partido de Centro propone una revisión completa de las leyes de propiedad intelectual, que estarían “rebasadas por el desarrollo tecnológico”.

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romusicae, el ente que aglutina a la mayoría de casas de discos españolas, interpuso ayer una demanda civil contra el informático Pablo Soto en la que le reclama 13 millones de euros por daños y perjuicios. El demandado, por su parte, sostiene que la acción legal es el equivalente a ir contra el fabricante de un cuchillo porque el objeto ha sido usado en una reyerta. Los demandantes aseguran que el creador de páginas como Blubster, Piolet y ManolitoP2P –cuya media de usuarios ronda los 235.000– desarrolló sus aplicaciones informáticas “con evidente ánimo de lucro” y mediante
“una conducta parasitaria” destinada a sacar provecho de la obra de otros.

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